¿Qué es la potestad expropiatoria? | López Abogados

La potestad expropiatoria es el poder que tiene el Estado o la Administración para privar a un particular de su propiedad. En todos los casos, debe haber una causa de utilidad pública o interés social que lo justifique. En este artículo, entraremos en detalle sobre este concepto tan complejo dentro del ámbito legal. 

Hablamos aquí de un derecho regulado por la Ley de Expropiación Forzosa. Un derecho que permite al Estado intervenir en situaciones donde el bien expropiado es necesario para el desarrollo de infraestructuras, servicios públicos u otros fines que beneficien al conjunto de la sociedad. 

Potestad expropiatoria, ¿qué es?

Como acabamos de comentar, la potestad expropiatoria es la facultad que tiene la administración pública para privar a un particular de una propiedad. Pero siempre tiene que existir un motivo de interés general. 

Esta potestad se encuentra regulada por la Ley de Expropiación Forzosa y se sustenta además en el artículo 33 de la Constitución Española. En él, se protege el derecho a la propiedad privada, pero se permite su licitación por causas justificadas de utilidad pública o interés social. 

El proceso de expropiación forzosa incluye una indemnización justa para el afectado para compensar el valor del bien expropiado. Para llevarse a cabo la expropiación, han de cumplirse ciertos procedimientos legales para garantizar el equilibrio entre el interés general y los derechos individuales. 

¿Quién tiene la potestad expropiatoria?

La potestad expropiatoria reside en el Estado y las Administraciones Públicas de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa. No obstante, en todos los casos la expropiación ha de estar justificada por razones de utilidad pública o interés social y seguir un procedimiento legal establecido para garantizar el derecho a una indemnización adecuada. 

Los entes con potestad expropiatoria son el Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos. Además, en casos muy específicos también pueden obtener esta facultad las empresas privadas, especialmente aquellas que actúan como concesionarias de servicios públicos. No obstante, en este último caso se requiere una autorización administrativa previa. 

El ejercicio de la potestad expropiatoria 

Ya venimos comentando que el proceso de la potestad expropiatoria está regulado por la Ley de Expropiación Forzosa de nuestro país. El procedimiento en cuestión consta de varias etapas: 

• La declaración de utilidad pública. 
• La determinación del valor del bien.
• El pago de una indemnización justa.

Los afectados pueden recurrir la cuantía ofrecida ante el jurado de expropiación. Aunque se trata de una medida excepcional, es fundamental realizar obras o servicios de interés colectivo: infraestructuras, preservación medioambiental, proyectos urbanísticos, etc. 

En López Abogados somos especialistas en expropiaciones forzosas. Te asesoramos y te acompañamos en tu caso para que puedas recibir la indemnización más adecuada. Velamos en todo momento por tus intereses para que se cumpla la legalidad.