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CARTERA DE OPERACIONES

PROHIBICIÓN DE DEMOLER MIENTRAS NO SE ABONEN LAS INDEMNIZACIONES A LOS PROPIETARIOS

Tradicionalmente en el sistema urbanístico español, cuando se decretaba la nulidad de una licencia por un Tribunal por ser ésta disconforme con el planeamiento urbanístico, se imponía una dura consecuencia para el titular de la licencia: la demolición de la misma. Lo más curioso del sistema tradicional es que pese a que el obligado a la ejecución de la demolición era la administración, ésta solía reclamar al titular de la licencia y de la construcción ejecutada a su amparo, que procediese a  su demolición. Esta situación planteaba que un ciudadano que había construido una edificación con licencia tuviese no sólo que verse privado de ella, sino que debía proceder a demolerla, debiendo ir a un procedimiento posterior largo y complejo, para que se le indemnizase por la administración autora del fiasco. En definitiva, la administración mete la pata y la paga el ciudadano que después debe reclamar.

 La nueva Ley 8/2012 de vivenda de Galicia, ha venido a introducir una importante novedad respecto de las  ejecuciones de demoliciones decretadas por anulación de las licencias que las amparaban: mientras la administración no tramite el expediente por el cual se valora la indemnización que le corresponda y pague, no se podrá demoler, pudiendo mantener el particular su residencia en tal edificación.

 Hasta que no se proceda a esta delimitación la vivienda pasa a estar en una situación peculiar de fuera de ordenación. Una vez fijada la indemnización  y satisfecha, es necesaria la entrega de la edificación para que se proceda al pago de la indeminización.

 La Ley también estipula lo mismo para supuestos en los que la sentencia hubiese anulado licencias de actividad o apertura de índole comercial o industrial, a los que regirá el mismo régimen.

Nuestro despacho cuenta con los mejores abogados especialistas en derecho urbanístico, por lo que si necesita asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con nuestro despacho enviándonos un mail a despacho@lopezabogados.org

Paulo López Porto.

Doctor en Derecho y Abogado Director del Departamento de Derecho Público.

QUE SON LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES

Muchos han sido los afectados en estos últimos años por la comercialización de productos financieros complejos, entre los cuales destacamos hoy  el caso de las participaciones preferentes.

La propia CNMV las ha definido como un producto de alto riesgo y de características complejas, y por ello, no apto para toda clase de consumidores, sino tan sólo aquéllos que en el momento de adquirirlas han sido debidamente informados y además han comprendido las peculiares características que definen a este producto.

Casualmente, su comercialización en España coincidió con la bonanza económica, cuando muchas entidades financieras comenzaron a ofrecerlas como un producto de altísima rentabilidad a todo tipo de particulares.

La experiencia práctica ha demostrado que pese a la plena consciencia de no tratarse del perfil idóneo para contratar, en un alto porcentaje de casos se colocaron a clientes antiguos con un perfil ahorrador y en una relación de especial confianza con el banco, y que estas malas praxis informativas llegaron incluso a provocar además un curioso efecto rebote publicitario que consiguió la captación de nuevos clientes y familiares y amigos de los afectados, todos ellos alentados por esa idea de «aumento de sus ahorros”.

Pero la clave se encuentra precisamente en el hecho de que las participaciones preferentes, NI SON DEPÓSITOS GARANTIZADOS, NI SON ACCIONES.

No tienen fecha de vencimiento, lo que significa que el banco no está obligado a devolver el capital invertido.

Que se obtenga la rentabilidad prometida, va a depender de que la empresa haya obtenido beneficios, de manera que pueda privarse de los intereses si la empresa no ha obtenido beneficios o repartido dividendos en un año.

Además, el particular puede verse privado de la inversión inicial en caso de quiebra de la entidad, al tratarse de un producto no garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos.

Para canjearlas y poder recuperar el capital inicial invertido, es el propio ciudadano que las adquirió el que tendrá que venderlas acudiendo a un mercado secundario, lo que obviamente se vio muy dificultado por la crisis.

Bien es seguro que de haberse conocido algunas de estas características la mayoría de los afectados no las habría adquirido, ni siquiera a cambio de esa “rentabilidad”, tan sólo de haber sido conscientes del único dato de que sus ahorros estaban en juego, por ello, han existido practicas «poco éticas» desde las entidades bancarias para «colocar» estos productos financieros a pequeños ahorradores en favor del banco y en contra de los intereses de sus propios clientes.

Por eso, somos muchos los profesionales y organizaciones que luchamos para ayudar a los afectados a recuperar sus ahorros contando con la ayuda de dos vías fundamentales: Los Tribunales y el Arbitraje.

Diana García Rodríguez.
despacho@lopezabogados.org

DEVOLUCIÓN DEL IVA NO COMPENSADO MÁS ALLÁ DE LOS CUATRO AÑOS.

El IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto que como todo el mundo conoce grava el consumo. Cuando un producto se va desarrollando a través de una cadena de empresas que lo manufacturan hasta su venta final, cada una de ellas genera un valor añadido, valor que se grava progresivamente por el IVA. 

 Pongamos un ejemplo, la empresa Z vende 1000 kg de patatas a una empresa B por 200€, por esta venta la empresa B debe abonar un IVA de 42 € a la empresa A. A su vez, la empresa B manufactura las patatas y vende 100 Kg a  un supermercado C ese mismo mes 100 € repercutiendo a dicho supermercado 21 € de IVA. Cuando la empresa B haga sus cuentas con hacienda debe restar la diferencia entre el IVA soportado (42 €) y repercutido (21 €), por lo que habrá ingresado en el Erario Público de 21 € de más.
¿Cómo recupera la empresa B ese dinero ingresado a mayores? La Ley del IVA concede dos alternativas: la de solicitar la devolución de ese IVA o la de compensar este crédito en períodos impositivos posteriores. Las dos alternativas se han de ejercitar en el plazo de cuatro años. Pero ¿qué pasa si no se ejercitan ninguna de estas dos alternativas en el susodicho plazo?, ¿Se pierde el dinero en favor del Erario Público?
Esta cuestión ha sido zanjada por el Tribunal Supremo en varias sentencias dictadas en interés de Ley, en favor de la imprescriptibilidad de este crédito, aun transcurrido el plazo de cuatro años, ya que, si se perdiera este derecho de crédito se estaría conculcando el principio fundamental de objetividad del IVA, o lo que es lo mismo, que el IVA lo ha de soportar en todo caso el consumidor final y nunca el empresario que está dentro de la cadena del IVA:
SEXTO.- A la vista del sistema normativo estatal expuesto, la cuestión se centra en determinar qué ocurre si transcurren cinco años (ahora cuatro) desde la fecha de presentación de la declaración en que se originó el exceso de cuotas a compensar y el sujeto pasivo no ha podido compensar esos excesos ni ha optado por solicitar su devolución; en estos casos cabe plantearse si el sujeto pasivo pierde el derecho a recuperar esas cuotas o si la Administración tiene la obligación de devolvérselas.
Para resolver esta cuestión debe acudirse a la Sexta Directiva que, según se ha dicho, consagra como principio esencial del IVA el de la neutralidad, el cual se materializa en la deducción del IVA soportado.
La naturaleza del Impuesto en cuestión es la de un impuesto indirecto que recae sobre el consumo; su finalidad es la de gravar el consumo de bienes y servicios realizado por los últimos destinatarios de los mismos, cualquiera que sea su naturaleza o personalidad; recae sobre la renta gastada y no sobre la producida o distribuida por los empresarios o profesionales que la generan, siendo éstos los que inicialmente soportan el Impuesto en sus adquisiciones de bienes, resarciéndose del mismo mediante el mecanismo de la repercusión y deducción en la correspondiente declaración. Con la finalidad de garantizar esa neutralidad, el art. 18.4 de la Directiva señalada establece, como hemos dicho, que cuando la cuantía de las deducciones autorizadas supere la de las cuotas devengadas durante un periodo impositivo, los Estados miembros podrán trasladar el excedente al periodo impositivo siguiente o bien proceder a la devolución. La norma señalada, dada la finalidad que con ella se persigue, ofrece a los sujetos pasivos la posibilidad de compensar en un plazo de cinco años, actualmente de cuatro, el exceso de cuotas soportadas sobre las repercutidas no deducido en periodos anteriores y no solicitar la «devolución» en dichos añospero, en ningún caso, les puede privar de que, con carácter alternativo a la compensación que no han podido efectuar, les sea reconocida la posibilidad de obtener la devolución de las cuotas para las que no hayan obtenido la compensación. (…)
 
 Caducado el derecho a deducir, o sea, a restar mediante compensación, la neutralidad del IVA sólo se respeta y garantiza cuando se considere que empieza entonces un periodo de devolución, precisamente porque la compensación no fue posible, Y QUE SE EXTIENDE AL PLAZO SEÑALADO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE ESTE DERECHO, después del cual ya no cabe su ejercicio. Por cualquiera de los procedimientos que se establecen (compensación y/o devolución) se debe poder lograr el objetivo de la neutralidad del IVA.
El derecho a la recuperación no sólo no ha caducado (aunque haya caducado la forma de hacerlo efectivo por deducción continuada y, en su caso, por compensación), sino que nunca se ha ejercido, de modo que no es, en puridad, la devolución (como alternativa de la compensación) lo que se debe producir, sino que es la recuperación no conseguida del derecho del administrado que debe satisfacer la Administración en el tiempo de prescripción.
Como ha puesto de relieve la doctrina, se podría haber establecido en la Ley que si a los cinco años (ahora cuatro) de optar por la compensación no se hubiera podido recuperar todo el IVA soportado, atendiendo a las fechas en que se soportó, la Administración iniciaría de oficio el expediente de devolución; se habría garantizado así la neutralidad como principio esencial del impuesto. Pero lo cierto es que no se ha regulado de esta forma, tal vez por el principio «coste- beneficio» pro Fisco. Pero aún siendo así, resulta difícilmente admisible (y menos si se invoca la autonomía de las regulaciones nacionales) negar el derecho a la devolución del IVA soportado, que realiza el principio esencial del impuesto. En vez de expediente de oficio, habrá que promover un expediente de devolución a instancia de parte.
No arbitrar algún medio para recuperar el crédito frente a la Hacienda Pública generaría un enriquecimiento injusto para la Administración pues nada obstaba para que, una vez practicada la comprobación administrativa y observada la pertinencia del crédito, se ofreciera al sujeto pasivo la posibilidad de recuperarlo por la vía de la devolución.”
De acuerdo con lo anterior, siempre se podrá solicitar la devolución de este exceso de cuotas de IVA soportadas, aun transcurrido el plazo de cuatro años.

Paulo López Porto.

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