Cómo impugnar una licitación pública por falta de transparencia

Participar en una licitación pública debería garantizar a las empresas un proceso justo, competitivo y transparente. Sin embargo, no siempre ocurre así. En ocasiones, pueden detectarse irregularidades que comprometen la legalidad del procedimiento y perjudican a licitadores que cumplen con los requisitos exigidos. En este artículo abordamos cómo impugnar una licitación pública por falta de transparencia, cuáles son las causas legales más habituales, el procedimiento a seguir y las consecuencias que puede tener esta acción.

Causas legales para impugnar una licitación por falta de transparencia

Existen diferentes motivos por los que un procedimiento de contratación puede ser considerado no transparente. En todos los casos, es fundamental analizar si se ha producido una infracción de los principios de igualdad, libre concurrencia y publicidad, que rigen toda licitación pública en España.

Irregularidades en los pliegos o criterios de adjudicación

Una de las causas más frecuentes para impugnar una licitación es la inclusión de cláusulas ambiguas, contradictorias o discriminatorias en los pliegos de condiciones. También es objeto de recurso la falta de justificación técnica de los criterios de valoración, especialmente si estos favorecen injustificadamente a un determinado tipo de proveedor.

Cuando los criterios de adjudicación no están suficientemente definidos o permiten una valoración subjetiva sin base técnica, puede considerarse que se ha vulnerado el principio de transparencia.

Falta de publicidad o discriminación en el proceso

Otro motivo común es la ausencia de una publicación adecuada de la convocatoria, lo que impide que todas las empresas potencialmente interesadas tengan conocimiento del procedimiento. Igualmente, si se detectan prácticas discriminatorias hacia ciertos licitadores, ya sea por criterios geográficos, de tamaño empresarial o experiencia previa, se puede presentar un recurso que cuestione la validez de todo el proceso.

Procedimiento para presentar un recurso contra una licitación pública

Impugnar una licitación pública requiere seguir un procedimiento específico, regido por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Es esencial actuar dentro de los plazos establecidos y con el respaldo de documentación que fundamente la reclamación.

Plazos y tipos de recurso según la normativa española

Existen distintos tipos de recurso, pero el más habitual es el recurso especial en materia de contratación, que debe presentarse en un plazo de 15 días hábiles desde que el licitador tiene conocimiento del acto que desea impugnar (por ejemplo, la publicación del anuncio de adjudicación o la recepción de la exclusión del procedimiento).

Este recurso se tramita ante los tribunales administrativos de contratación pública, y su interposición puede suspender temporalmente la tramitación del procedimiento hasta que se resuelva.

¿Cuándo conviene recurrir a un abogado especialista en contratos públicos?

Aunque el recurso puede ser presentado directamente por la empresa afectada, en muchos casos es recomendable contar con el apoyo de abogados especialistas en contratación pública. Estos profesionales están familiarizados con los plazos, la jurisprudencia aplicable y los requisitos formales que deben cumplirse para que el recurso prospere. Su intervención resulta especialmente útil cuando se trata de impugnar procedimientos complejos o con alto impacto económico.

Consecuencias jurídicas de impugnar una licitación

La presentación de un recurso no solo busca corregir una irregularidad, sino también restablecer el derecho del licitador perjudicado. Las consecuencias de una impugnación favorable pueden ser importantes tanto para el procedimiento como para la empresa recurrente.

¿Qué ocurre si se anula la adjudicación?

Si el órgano competente estima el recurso, puede ordenar la anulación del acto impugnado, lo que incluye desde la modificación de pliegos hasta la anulación de la adjudicación. En algunos casos, puede incluso repetirse el procedimiento desde una fase anterior o convocarse una nueva licitación.

Reclamación de daños y perjuicios con asesoramiento legal especializado

En determinadas situaciones, cuando se acredita que el licitador ha sufrido un perjuicio económico derivado de una actuación ilegal de la administración, es posible reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Esta vía, más compleja, requiere una fundamentación sólida y suele ser recomendable únicamente con el asesoramiento de abogados especialistas en contratación pública, capaces de valorar la viabilidad de la reclamación y orientar el procedimiento de forma estratégica.